El juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña ha desestimado la demanda interpuesta por 40 accionistas (no principales) del Deportivo, liderados por Miguel Otero Santín, contra varios acuerdos adoptados por el Consejo de Administración. Pedían entre otras cuestiones la nulidad de la Junta de Accionistas que supuso la reelección de Tino Fernández al frente del club y que la nueva delegación de acciones fuese declarada ilegal.

La sentencia, que se puede recurrir en un plazo de veinte días ante la Audiencia Provincial, desestima íntegramente la demanda, le impone el pago de las costas ocasionados. Aquí la ofrecemos despiezada y preparada para una suave digestión.

LO OCURRIDO

  • El 29 de mayo pasado el Deportivo rechazó la solicitud presentada a través de un requerimiento notarial por, se supone, el 5% de los accionistas de la sociedad para convocar una Junta General Extraordinaria que tratase el cese del Consejo de Administración sin elegir unos nuevos rectores de la entidad, cuestión que Ransés Pérez-Boga. el asesor más próximo a Otero, reconoció en una rueda de prensa tres días después que fue “una mera torpeza”.
  • El 4 de junio el Deportivo decide convocar Junta General Extraordinaria de accionistas con un orden del día diferente en el que se trataría el cese, pero también el nombramiento de un Consejo de Administración.
  • El Deportivo apunta en la convocatoria que la delegación de acciones solo será válida mediante el impreso oficial que envía a los domicilios de los accionistas, o que estos podrán recogerlo en el club si no lo reciben. Otero y los 39 accionistas restantes alegan que así “se vulnera, limita y restringe los derechos de los accionistas”.
  • El juzgado recibió el 5 de julio petición para tramitar una demanda por vulneración de derechos de accionistas y suspender cautelarmente la Junta de Accionistas fijada para los días 11 y 12 de julio. Sólo atendió el primer requerimiento.
  • El Deportivo presenta una serie de alegaciones ante la demanda. En primer lugar apunta que la impugnación llega en fecha caducada, más de treinta días después de lo que marca la Ley. Además explica el club que la convocatoria según el orden del día propuesto por Otero provocaría acefalia en la sociedad y su paralización. Y matiza también que falta la identificación de los firmantes de las delegaciones para conformar el 5%. Al observar esas carencias deciden subsanarlas y convocar la Junta propuesta el día 4 de junio incorporando un nuevo modelo de impreso para la delegación de votos que asegure la identidad y dé solución a un problema de seguridad detectado (un accionista aseguró a través de las redes sociales que manejaba un “listado oficial” para recabar apoyos y acabó presentando varios ante el notario).
  • El juicio, tras varios aplazamientos se fijó para el 15 de enero pasado, con la comparecencia de una serie de testigos. Los cuatro que llamó Otero al final no comparecieron.

LA SENTENCIA

  • No se podía impugnar una Junta de Accionistas. La jueza comienza por precisar lo que se debe juzgar y advierte que la Ley de Sociedades de Capital no prevén en precepto alguno la posibilidad de impugnar una junta general o una reunión del Consejo de administración sino los acuerdos de las juntas o del Consejo. Y continúa con una referencia a la Ley que deja claro que “no será procedente la impugnación de un acuerdo social cuando haya sido dejado sin efecto o sustituido válidamente por otro tomado antes de que se hubiere interpuesto la demanda de impugnación”. Es decir, en la primera consideración de la sentencia la jueza ya indica que la demanda va por mal camino porque se convocó la Junta entre el acuerdo del Consejo de no atender a Otero y su impugnación.
  • Fija la fecha para empezar a contar el plazo de la demanda. El tribunal considera probado que los demandantes conocieron el acuerdo del Consejo de rechazar su solicitud al menos el día 30 de mayo y esgrime para ello varias informaciones publicadas en prensa y radio, entre ellos un artículo de DXT Campeón publicado el 2 de junio y titulado “Un informe negativo con muchos puntos flacos” u otro de La Voz de Galicia en el que se recoge que “Miguel Otero respondió al comunicado del club que desestimó su solicitud”.
  • La demanda llega tarde y ya no habría de que más hablar. La demanda entró en el registro del Juzgado el 5 de julio, así que la jueza declara nula la pretensión de declarar nula la convocatoria de la Junta de Accionistas y apostilla que ya no debería entrar “a valora motivos de fondo o consideraciones en cuanto a la validez o no de la delegación de voto par a promover una junta general por los accionistas minoritarios”. Y concluye la jueza: “Confirmada la caducidad de la acción sobre la impugnación del acuerdo del Consejo de Administración, ello haría innecesario entrar a valorar otros motivos de oposición a la impugnación de es acuerdo”
  • Pero la jueza tiene algo más que contar a las partes. Sin embargo, de la lectura de la sentencia se deduce que la magistrada consideró que no lo había dicho todo. “Se deben hacer unas breves consideraciones, que de no haberse estimado la caducidad llevarían, igualmente, al rechazo de la pretensión de la parte actora” (se refiere a los 40 demandantes).
  • No tenían que haber acudido a un juzgado. Así, la jueza estima que hay una “carencia sobrevenida de objeto a demandar» porque el Deportivo acabó por convocar Junta de Accionistas. Y recuerda que el sistema mercantil permitiría, en cualquier caso, “adoptar acuerdos que dejen sin efecto los anteriores”. Y el acuerdo de convocar el 4 de junio sustituye al de no convocar seis días antes (al margen de que el orden del día propuesto generase un evidente problema de vacío de poder). Además la jueza apunta que el Deportivo toma esa decisión antes de que mediase la demanda y en todo caso en el plazo de dos meses que se marcaba aunque se hubiese aceptado el requerimiento notarial de Otero y sus acólitos. “No hay daño causado a los actores por la negativa a convocar”, concluye antes de recordar a los demandantes que no debían de haber acudido al juzgado. “El cauce procesal adecuado no es el de la impugnación de un acuerdo ante los tribunales”. Y les indica que deberían haber acudido en todo caso, y tras pasar dos meses de la petición, al secretario judicial o al registro mercantil. 
  • La marca de agua es legal. Respecto a la decisión del 4 de junio por parte del Deportivo de aportar un nuevo modelo de delegación de acciones (con código de barras y marca de agua), la jueza también da la razón al club y se la niega a los 40 accionistas demandantes. 
  • Nadie se quejó cuando pudo hacerlo (no vale hacerlo en twitter). Por una parte la sentencia considera aprobado que no se presentó ninguna queja ni incidencia ante el notario sobre el sistema de delegación escogido y fijado por el Deportivo, que en la Junta del pasado mes de julio había 149 accionista presentes, 2.139 representados e incluso entre los asistentes había tres de los cuarenta firmantes de la demanda. “No consta que realizaran protesta o reserva respecto a la delegación de votos”, explica la jueza, a pesar de que el notario preguntó expresamente si alguien deseaba hacerlo. Tampoco desde la convocatoria de la Junta hasta la celebración se recibió en el club queja o protesta alguna sobre la delegación de voto (la jueza obviamente no considera lo que sucede en twitter).
  • El Deportivo hizo un esfuerzo por llegar a todos los accionistas. Considera probado además que el Deportivo envió 22.602 cartas con el modelo de delegación “de las que solo 238, un porcentaje del 1,053%, fueron devueltas”. Y recuerda que es de los más bajos desde 2011 porque por ejemplo en diciembre de 2014 hubo 493 devoluciones. La sentencia apunta que “de la testifical de María de los Ángeles Romero Díaz, trabajadora del Real Club Deportivo, se desprende que el club hizo un esfuerzo importante para tratar de actualizar todos los datos de los accionistas”. 
  • Carencias de base jurídica y quimeras. “No pueden estimarse las alegaciones realizadas por la parte actora en cuanto a que la remisión de la delegación de voto a los accionistas implique que estos queden privados de su derecho de representación”, aclara la sentencia. Y apunta que deducir algo así “resulta a todas luces carente de base fáctica y jurídica”. Recuerda además que el club publicitó según la normativa establecida la realización de la Junta y ofrecía además la posibilidad de que aquellos que no hubiesen recibido el impreso oficial pudieran solicitarlo gratuitamente. “Es una quimera afirmar, como lo hace la parte actora, que el sistema impreso de delegación de voto normalizado y remitido por el club implica que el accionista quede privado de su derecho de representación voluntario”, concluye. La sentencia dice que para realizar una Junta no es necesario enviar una comunicación personal y por carta personalizada de la convocatoria: “No existe un derecho de representación voluntaria como lo califica la parte actora. El sistema de delegación elegido ni priva al accionista de ningún derecho ni tampoco merma su capacidad de acudir a la junta representado”.
  • Marca de agua para sempre. La jueza legitima al Deportivo para introducir el nuevo modelo de delegación. “Dentro de sus facultades de gestión figura articular sistemas para fijar un cierto control y seguridad de la sociedad instaurando medios o sistemas que permitan, con mayor garantía, comprobar que accionista ha delegado su voto y a quien se lo ha delegado”.