Lois García Carballido es el alcalde de Ponteceso y hoy tiene una cita en un juzgado de Carballo. Ya está acostumbrado. El signo de su mandato durante los últimos cuatro años lo ha marcado sus grescas con los trabajadores municipales, que le han emplazado varias veces en los juzgados con denuncias de coacciones, amenazas y prevaricación. Hoy acude para que se litigue si cometió “falsedad ideológica” con un trabajador del que negó, a través de un documento, que formase parte e incluso coordinase el Grupo de Emerxencias Supramunicipal.

García Carballido tomó el bastón de mando a través de un tripartito, pero pronto chocó con bastantes trabajadores municipales a los que acusó de “estómagos agradecidos”. Hay alcaldes que no acaban de entender que los ayuntamientos se vertebran a partir de gente que no está de paso. A este edil le denuncian desde hace meses por acoso y persecución laboral. Y las demandas se acumulan. Casi la mitad de los trabajadores del ayuntamiento de Ponteceso han presentado denuncia contra su alcalde por prevaricación, coacciones o cambios indebido en las condiciones laborales.

Los afectados han denunciado, entre otras tropelías, órdenes para retirar multas de la policía local. Entre las personas que demandaron al alcalde figura la secretaria municipal, que denuncio acoso tras un proceso de selección de dos socorristas y en su día emitió un informe desfavorable a la propuesta de sueldos políticos aprobada por el tripartito.

Segín informa el CSIF, sindicato mayoritario en el ayuntamiento de Ponteceso, los representantes de los trabajadores “vienen denunciando la situación de acoso y persecución que sufren los trabajadores desde que llegó al poder el señor García Carballido”. Desde la organización recuerdan que “son hechos que hicieron que la propia Fiscalía provincial ya denunciara al alcalde por un presunto delito de prevaricación, y también por presuntos delitos de coacciones y amenazas en diciembre de 2016, e incluso obligó a los representantes a no sentarse en las diferentes mesas de negociación por temor a las represalias y denunciar ante el Consejo General del Poder Judicial la situación que viven”.