«O goberno municipal non ten nada que ocultar, máis ben o contrario. Imos pagar en diferido cuestións de hai moitos anos que non se fixeron de xeito correcto. Estamos buscando as fórmulas para executar esa sentenza e recoñecerlle aos propietarios o prezo que se lle fixa nela», comentó en su día Xulio Ferreiro sobre la sentencia por las expropiaciones irregulares del Castro de Elviña. Suele decirse que el tiempo pone a cada uno en su sitio. El alcalde de A Coruña pregonó a los cuatro vientos que no se ocultaba nada y ahora, ¡vaya! Se conoce que dicha sentencia se escondió durante nada menos que un mes. La decisión del Tribunal Supremo sobre el particular se conoció el pasado 8 de febrero, y permaneció en las sombras hasta que el Partido Popular la dio a conocer el 12 de marzo. 

Rosa Gallego, ahora número 2 de Bea Mato en las listas de las municipales, ofreció una rueda de prensa informando de la sentencia y acusando a Marea Atlántica y Partido Socialista de ocultación interesada en pos de un posible acuerdo electoral: «Se ha montado un pacto de silencio sobre responsabilidades por si existe la necesidad de hacerlo». El tiempo volvió a poner a la gente en su sitio, porque así fue. Ambos partidos acordaron dejar de un lado el tema (producido durante mandatos del PSOE) si los de la rosa y el puño daban luz verde al modificativo de crédito que intentaría tapar la falta de presupuestos. Los socialistas ya habían criticado el proyecto, pero se olvidaron de sus quejas por arte de magia y el modificativo salió adelante. Lo que todavía queda por saber es si se llevará a cabo otro pacto tras las elecciones municipales, aunque todo indica que así será.

Quedan ya para la historia las continuas negaciones de la existencia de la sentencia por parte de Xulio Ferreiro y sus amigos y amigas. Una de ellas, María Eugenia Vieito (titular de Hacienda), ya ofreció en su día una excusa de dibujos animados diferenciando entre el conocimiento previo de una información y la notificación oficial al Ayuntamiento, como si antes de recibirla no se supiera absolutamente nada. El Ayuntamiento llevó el tema, por fin, a la junta de gobierno local tras recibir la confirmación de la firmeza de la sentencia el pasado 22 de marzo.