Un retraso, dos retrasos, tres retrasos… Y así hasta que usted quiera. Si a algo parece haberse acostumbrado el consistorio mareante es a procrastinar, aceptable e incluso comprensible en un mal estudiante pero poco decente para miembros de puestos con tal responsabilidad. ¿Qué ha pasado, entonces? Que Xulio Ferreiro y sus amigos incumplieron en febrero el período medio de pago de facturas a proveedores. Fue de casi 33 días, cuando el Ministerio de Hacienda permite un máximo de 30. Tres de nada. Marea Atlántica no aprendió de 2018, cuando en el ejercicio necesitó una nada despreciable media de casi 37 días (siete más de los aceptados) fruto de la superación del límite en ocho (sí, ocho) meses. También superó en varias ocasiones los 50 días, casi el doble de los marcados por Hacienda. Un riesgo realmente considerable que no tiene repercusiones directas en la administración, pero que sí puede influir en el momento de querer dar luz verde a según qué cosas. Para sorpresa de todos, el Gobierno local ya probó de esta medicina cuando pretendió destinar 15 millones a Inversiones Financieramente Sostenibles. No pudo hacerlo por no cumplir el plazo de pago durante la posibilidad de realizar la transferencia de fondos. Otra de muchas.

La lista de retrasos del Gobierno local no acaba aquí. La demora se eleva a tres meses en la resolución de las ayudas al bono taxi, elemento indispensable para las posibilidades de transporte de las personas con movilidad reducida. La Marea Atlántica de las ayudas sociales aprobó su convocatoria anticipada en diciembre, con un plazo de solicitud que duraría hasta el 28 de enero. A día de hoy, todavía no se han efectuado los bonos y la oposición ya alza la voz: “Este asunto debe resolverse con la máxima celeridad para que la gente pueda atender los gastos extraordinarios que les genera su situación. Se trata también de personas que lo necesitan por su límite de ingresos. Estas ayudas se convocan todos los años, y no tendrían que sufrir retraso si se gestionasen con un mínimo de diligencia para que resultasen efectivas desde el 1 de enero. Que cumplan el fin para el que fueron creadas, atender los gastos de desplazamiento extraordinarios que tienen que soportar las personas con discapacidad y movilidad reducida”, denuncian desde el Partido Popular local.

Como en el caso de la morosidad en el pago de facturas a proveedores, no es la primera vez que los gobernantes de la Marea pecan en este sentido. En 2018 las ayudas de la Concejalía de Justicia Social tardaron en repartirse nada menos que seis meses, permitiendo que los beneficiados solo se vieran apoyados en la segunda mitad de año. El Gobierno del pueblo llano, ya saben.