Los cuatro años de la Marea Atlántica acabarán delante de una jueza. Esa es la paradoja de quienes llegaron pregonando la nueva política, los que llegaron para desalojar al PP y decían que era imperativo hacerlo porque siempre estaban sumergidos en cuestiones judiciales. “Es una relación insoportable”, decía Xulio Ferreiro. Este viernes, la número 6 de la candidatura que encabeza, su concejala de Participación durante los últimos cuatro años, y en definitiva una mandada, está citada a declarar en el Juzgado de Instrucción número 8 de A Coruña en calidad de investigada (la figura jurídica antes conocida como imputada) por presuntas irregularidades en la cesión de usos de la antigua prisión al colectivo Proxecto Cárcere.

El Gobierno mareante adjudicó en su día el uso de las instalaciones del centro penintenciario a una asociación Proxecto Cárcere, con la que tenían una relación estrecha miembros del Ejecutivo local. El listado de miembros de ese colectivo, que la entidad borró y modificó aduciendo que no estaba actualizado, incluía a decenas de firmantes del manifiesto del 2015 de la Marea Atlántica, además de concejales y asesores del gobierno de Xulio Ferreiro. El conselleiro de Rexeneración Urbana e Vivenda, Xiao Varela, la resposable de seguridad ciudadana, Rocío Fraga y la concejala de Medio Ambiente, María García, son los tres ediles que participaban en la plataforma que gestionaba la cárcel. La Fiscalía apuntó que el procedimiento para la firma del acuerdo entre ayuntamiento y Proxecto Cárcere pudo producirse de manera arbitraria. Delso fue imputada por ello.

El código ético de la Marea estipula la renuncia inmediata de los cargos públicos del partido que resulten investigados por posibles delitos de prevaricación, pero Ferreiro y su gente no solo miró hacia otro lado sino que confirmó a Delso en su candidatura para optar a repetir mandato. En las últimas semanas han tratado de retrasar la declaración en sede judicial más allá del día de las elecciones, pero a estas altura ya tiene claro que la justicia no se para por unos comicios o unos intereses políticos.

Poco antes de que la antigua prisión abriese sus puertas a la ciudadanía el pasado mes de agosto, el jurista de A Gaiteira realizó una predicción: “No veo ningunha posibilidade de que prospera a denuncia feita ante a Fiscalía”. No solo prosperó y dos meses después de aquellas palabras el fiscal le desmintió sino que pocos días después el juzgado de instrucción número 8 recogió la acusación que hizo suya el fiscal para abrir diligencias y discernir si se produjo un posible delito de prevaricación administrativa.

Proxecto Cárcere lució durante un tiempo un primer listado de integrantes en el que figuraban más de una treintena de firmantes del manifiesto de la Marea Atlántica, entre ellos tres concejales varios asesores del gobierno local, entre ellos el vicealcalde Iago Martínez, e incluso un funcionario que tomó parte en la valoración de las ofertas presentadas a concurso. Así que la Fiscalía, pese a que Ferreiro se afanaba en explicar que iba a pasar de largo y que estaba “para cousas máis importantes”, acabó por apuntar que se desprende que la concesión puede estar “por encima del cumplimiento estricto de la legalidad”.

En mayo de 2015, poco antes de las elecciones, Xulio Ferreiro cargó contra dos ediles del partido popular, Rosa Gallego y Begoña Freire, por tener que acudir en calidad de imputadas tras la denuncia de una extrabajadora municipal. Todo quedó en nada y la Marea llegó al poder, pese a no ser el partido más votado en las elecciones

La Marea pasó entonces al ataque. Recurrió a la demagogia: «Si aquí el proyecto fuese convertir la cárcel en un hotel de cinco estrellas y que varios empresarios se pudiesen hacer ricos, a lo mejor nadie protestaba, a todo el mundo le parecía bien». Y de elucubrar respecto al fiscal, enfocó directamente hacia la crítica a su figura: «Lo que hizo fue ver la documentación que remitió el PP y analizar la versión que puso encima de la mesa, que no se ajusta a la realidad, y solo con ella decidió que investigase un jurado en lugar de investigar él», explicó el magistrado suplente y alcalde por la Marea Atlántica, grupo político al frente del gobierno local que lamentó que la Fiscalía no se les hubiese advertido que iba a ejercer su derecho a la denuncia, como si tuviese la obligación de hacerlo con el denunciado antes de con los juzgados.

La rabieta acabó en cierre. Los responsables de Proxecto Cárcere no pudieron un buen día a las instalaciones de la prisión provincial porque alguien “-non sabemos quen”, explicaron- mandó cambiar las cerraduras de las puertas. Los portavoces del colectivo que gestionaba actividades en ese edificio recibieron el 22 de febrero una comunicación del ayuntamiento que les instaba a abandonar las intalaciones tras la decisión de no prorrogar el convenio que permitía su uso. 

Antes, a finales de diciembre, Proxecto Cárcere anunció el cese temporal de su actividad porque desde el Ayuntamiento no daban como válidas las comunicaciones sobre lo que realizaron en los meses anteriores al no seguir un procedimiento administrativo adecuado. Tampoco les indicaron cual debían seguir en un curioso cambio de rumbo en cuanto la justicia empezó a fijarse en como se cedió la gestión de la vieja prisión provincial. Terció también la imputada Claudia Delso: “O executivo coruñés segue a buscar fórmulas para recuperar este espazo, mentres existen outras administracións e outras formacións que parece que non están pola (sic) labor”. Desde entonces nada se supo de esos nuevos usos. 

En mayo de 2015, poco antes de las elecciones, Xulio Ferreiro pidió la palabra cuando se supo que dos ediles del partido popular, Rosa Gallego y Begoña Freire, tenían que acudir en calidad, entonces, de imputadas tras la denuncia de una extrabajadora municipal. “La sombra de la sospecha está encima del PP”, apuntó Ferreiro. La Marea sacó entonces un comunicado en el que aludía a que había que desalojar a los populares de María Pita “porque la constante relación con los juzgados resulta insoportable”. Aquella imputación quedó sin recorrido tras la declaración en los juzgados y la Marea llegó al poder a pesar de no ser el partido más votado en A Coruña.